Dincat ha publicado el informe "Propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de inserción laboral más inclusivo y sostenible para las personas con discapacidad intelectual y especiales dificultades", con la voluntad de romper las barreras con las que todavía hoy se encuentran muchas de estas personas en el ámbito laboral. El informe, realizado por los profesores Ricardo Esteban y Carolina Gala del Centro de Estudios e Investigación para una Sociedad Inclusiva (CERSA-UAB) y presentado en el marco del Día Internacional del Trabajador, aporta cerca de 50 propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de inserción laboral. Estas propuestas parten de un análisis extensivo de las dificultades de estas personas a la hora de encontrar trabajo, lo que se traduce en una escasa inserción social, dificultando el desarrollo de sus proyectos de vida y suponiendo un obstáculo para llevar a cabo una vida autónoma e independiente.

Según datos del INE, en el año 2019, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual se situaba en el 30,3%,  disminuyendo hasta un 12,7% en personas con un grado reconocido superior al 75%, mientras que la de las personas sin discapacidad era del 77,7%. En cuanto a la tasa de ocupación, la de las personas con discapacidad intelectual sólo llegaba al 20,4%, mientras que la de las personas sin discapacidad se situaba en un 66,9%. Esto representa que tan sólo una de cada cinco personas en activo con discapacidad intelectual está trabajando.

Por otra parte, las personas con especiales dificultades perciben un salario equivalente al 82,9% de lo que cobraría una persona sin discapacidad en el mismo nivel profesional, evidenciándose una clara brecha salarial.

Esta situación, además, se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19 y cerca de un 10% de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental ocupadas en la empresa ordinaria ha perdido su trabajo en el último año.

"Las cifras demuestran una brecha abismal que justifica, sin duda, la necesidad de mejorar el actual modelo de inserción laboral de este colectivo. Hay que avanzar hacia el objetivo de garantizar el derecho al trabajo de todos por la vía de incrementar de manera significativa las oportunidades de encontrar trabajos adecuados para todas las personas con discapacidad intelectual que quieran trabajar ", explica Carles Campuzano, Director Dincat. "Continuamos convencidos de que un trabajo socialmente útil y dignamente remunerado es un derecho que tienen todas las personas con discapacidad intelectual, tal y como contempla la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU en su artículo 27. Y necesitamos una gran alianza entre el sector social, las empresas y las administraciones para alcanzar este objetivo durante los próximos años ", añade .

Uno de los principales retos que el informe señala es la necesidad de incrementar los recursos, los apoyos y la financiación para la contratación de las personas con discapacidad intelectual. En este sentido, hay que vincular los apoyos a los itinerarios de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual a las necesidades personales que tienen a lo largo de su vida, con independencia de que trabajen en un centro especial de empleo o en una empresa ordinaria, así como incrementar de manera significativa las ayudas para la contratación. Al mismo tiempo, se plantea aumentar la actual cuota del 2% de reserva prevista legalmente hasta el 4% (reservando un mínimo del 1% para las personas con discapacidad intelectual) y ser extremadamente rigurosos en la aplicación de medidas alternativas, que sólo deberían utilizarse cuando se demuestre la imposibilidad de cumplir con la cuota de reserva.

Estas demandas se suman a las que el sector arrastra desde hace tiempo, como el incremento de los recursos destinados a los centros especiales de empleo hasta llegar a cubrir el 75% del Salario Mínimo Interprofesional para asegurar su sostenibilidad o velar por el cumplimiento efectivo de la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras, que actualmente no se respeta.

La jubilación: un reto clave

Otra de las problemáticas clave que el sector pide resolver es el de la jubilación anticipada, ya que el modelo actual no tiene en cuenta las condiciones de estas personas, que tienen un envejecimiento prematuro y muchas más dificultades de acceder al mercado laboral en largo de su vida.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual es muy difícil, por diversos factores (formativos, dificultades de inserción laboral particularmente en las empresas ordinarias, necesidades especiales de acompañamiento, etc.) que encuentren un empleo y que ésta, además, tenga la duración suficiente para poder cumplir los requisitos exigidos legalmente para acceder a la pensión de jubilación en los términos previstos actualmente.

Por ello, Dincat reclama que se revise y actualice la actual normativa, adaptando los requisitos para acceder a la jubilación a la realidad de estas personas. La reducción de la edad mínima de jubilación a las personas con especiales dificultades, situándola en los 45 años, o la reducción del período mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión de jubilación, estableciéndolo en 10 años, son algunas de las principales propuestas de la federación.

La exclusión social vinculada a la discapacidad

Tal como argumenta el informe, las posibilidades de integración de las personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral y la consiguiente opción de obtener ingresos propios son escasas. Además, cuando estas personas trabajan, ocupan puestos de baja cualificación, con sueldos bajos. Por lo tanto, la discapacidad es un factor que agrava la exclusión laboral, y por extensión, la exclusión social de las personas y sus familias.